Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes el dictamen del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta, que modifica aspectos constitucionales en materia electoral, fue avalada con 24 votos a favor y 11 en contra, por lo que ahora avanzará al Pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación final este miércoles.
De acuerdo con los detalles del dictamen aprobado, la propuesta establece nuevos límites para la integración de los ayuntamientos: los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán un máximo de siete regidores, mientras que aquellos con hasta 800 mil habitantes no podrán exceder los 12. En el caso de las grandes metrópolis, el tope se fija en 15 regidores. Además, se determina que habrá un solo síndico por municipio y se impone un techo presupuestal a las legislaturas locales, las cuales no podrán erogar más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual.
La votación en comisiones se realizó con la ausencia de los integrantes del Partido del Trabajo (PT), organización que forma parte de la coalición gobernante junto a Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A pesar de esta ausencia, el senador Ignacio Mier, de Morena, declaró que la coalición se mantendrá unida. No obstante, fuentes legislativas detallan que existe resistencia dentro del PT, particularmente respecto a la posibilidad de empalmar la revocación de mandato con las elecciones de junio de 2027, punto central de la controversia.
La oposición parlamentaria rechazó contundentemente la iniciativa. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el Plan B se trata de ‘la iniciativa más pobre, chafa, precaria, malhecha que ha mandado la Presidenta de la República’. Por su parte, el diputado Federico Döring acusó que Morena le otorga a Sheinbaum una licencia para hacer trampa electoral mediante el uso de las conferencias diarias e incluirla en la boleta con la revocación de mandato. Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que la propuesta vulnera la soberanía de los estados y municipios.
En medio del debate legislativo, surgió una controversia respecto al Instituto Nacional Electoral (INE). Siete consejeros electorales emitieron un comunicado para desconocer un documento que circuló a nombre del organismo con supuestas observaciones al Plan B. Los consejeros aclararon que el Consejo General del INE ‘no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como Plan B’, desmintiendo así la autoría y contenido de dicho texto.
El ‘Plan B’ propone además que los funcionarios electorales no perciban salarios superiores al de la presidenta de la República. Con la aprobación en comisiones, el proceso legislativo entra en su fase decisiva en el Pleno del Senado, donde se definirá si la reforma constitucional sale adelante para ser turnada a las legislaturas locales o si enfrenta modificaciones sustanciales antes de su promulgación.