Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó reformas para modificar el proceso de selección de candidatos a la Junta de Gobierno durante la sesión celebrada el 25 de marzo de 2026 en la capital del país. La decisión altera un mecanismo que no había sufrido cambios sustantivos desde hace 81 años, con el objetivo declarado de democratizar la elección y corregir desequilibrios en la representación interna.
Mónica González, presidenta de la Comisión de Legislación Universitaria, explicó que la reforma establece nuevos lineamientos que permiten abrir el proceso a un mayor número de miembros de la comunidad universitaria. Según la funcionaria, la participación se extenderá ahora a través de los consejos académicos de área, rompiendo con el esquema previo que limitaba la injerencia de diversos sectores en la designación de los integrantes del máximo órgano de gobierno.
Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, detalló que uno de los propósitos centrales de la modificación es evitar la sobrerrepresentación de ciertas disciplinas dentro del cuerpo colegiado. El mandatario universitario indicó que se estableció un equilibrio obligatorio: todas las áreas académicas contarán con al menos tres y nunca más de cuatro miembros dentro de la Junta de Gobierno.
Además de la redistribución de cupos, la reforma introduce una novedad histórica en los criterios de elegibilidad. Por primera vez, se permitirá que profesores de nivel bachillerato y aquellos dedicados exclusivamente a la docencia por asignatura puedan ser considerados para formar parte de la Junta, ampliando así el espectro de perfiles más allá del tradicional enfoque en la investigación y el tiempo completo.
Estos cambios ocurren en un contexto donde la institución ha enfrentado críticas por un supuesto inmovilismo en su estructura organizativa. A pesar de que la matrícula creció de poco más de 23 mil estudiantes en 1945 a más de 373 mil en la actualidad, la forma de gobierno se mantuvo estática durante ocho décadas. La actualización normativa busca alinear la toma de decisiones con la complejidad y tamaño actual de la máxima casa de estudios.
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