Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, eliminando una prohibición histórica en el país. La enmienda, impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, fue respaldada por 61 diputados, incluidos dos de la oposición, y se produce en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, el cual ha sido señalado por organizaciones internacionales por cometer posibles crímenes de lesa humanidad.
La reforma modifica específicamente el artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que hasta ahora establecía de manera expresa que “la pena de muerte, la cadena perpetua y toda pena cruel, infamante o inusitada” estaban prohibidas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que las acciones del gobierno contra la criminalidad son “irreversibles”, aunque no precisó la fecha exacta en que la reforma entrará en vigor o si requiere otros trámites legislativos o de promulgación.
El presidente Bukele presentó la medida como un paso más en su política de “mano dura” contra las pandillas, argumentando que es necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, el contexto de su aprobación es altamente polémico. Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las acciones del gobierno durante el régimen de excepción con graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones masivas arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La votación en la Asamblea refleja la amplia mayoría que posee el oficialismo, con 59 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados sumándose a los dos votos opositores a favor. No se especificó el número total de legisladores presentes ni la postura concreta del resto de la oposición. El debate nacional se encuentra polarizado entre quienes apoyan las medidas drásticas por la reducción de la violencia visible y quienes denuncian el deterioro del Estado de derecho y las garantías fundamentales.
Analistas señalan que esta reforma consolida un cambio profundo en el sistema penal salvadoreño y podría enfrentar desafíos legales tanto a nivel interno como en instancias internacionales de derechos humanos. La medida se enmarca en una estrategia de Bukele que, si bien ha logrado alta popularidad doméstica, ha generado un creciente aislamiento y críticas de la comunidad internacional, que observa con preocupación la concentración de poder y el debilitamiento de los controles democráticos en el país centroamericano.
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