Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos 13 de 14 senadores anunciarán su apoyo a la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta, que incluye la reducción de privilegios en congresos locales y municipios, así como cambios en la revocación de mandato, tiene como objetivo político facilitar un proceso de ratificación presidencial en 2027 con un umbral de aprobación del 80 por ciento.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó que la bancada verde se sumará a la coalición gobernante para desbloquear la legislación, tras el fracaso de la primera iniciativa electoral que no logró consenso ni siquiera entre los aliados del ejecutivo. Esta alianza resulta determinante para alcanzar la mayoría calificada necesaria en el Senado, donde la presidenta de la cámara, Laura Itzel Castillo, coordina los trabajos para llevar el dictamen a votación en los próximos días.
El núcleo del Plan B se centra en tres ejes: poner topes a los presupuestos de los congresos locales, limitándolos al 0.7% del gasto estatal; reducir el número de regidores en los ayuntamientos para destinar esos recursos a obra pública; y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. El diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que estas medidas buscan fomentar la disciplina financiera y evitar excesos en las legislaturas estatales, donde se han detectado disparidades significativas en el costo por legislador entre entidades como Baja California y Colima.
En paralelo, la modificación a la Ley Federal de Revocación de Mandato permite que el proceso se realice durante el tercer o cuarto año del sexenio, y no exclusivamente al final, además de habilitar la consulta popular para temas relacionados con los montos que reciben los partidos políticos. Estos cambios legislativos son interpretados por analistas como el mecanismo jurídico que permitiría a Claudia Sheinbaum someterse a una ratificación de mandato en 2027, consolidando su proyecto político a mitad del periodo constitucional.
Aunque la investigación no especifica cifras oficiales definitivas sobre el ahorro administrativo total, fuentes legislativas estiman que la racionalización del gasto en estructuras políticas podría liberar recursos significativos para los estados y municipios. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ya anunció una iniciativa local para armonizar la legislación de su entidad con los nuevos preceptos federais, anticipando la implementación de la reforma.
La oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, mantiene su crítica hacia la reforma, argumentando que los cambios buscan concentrar poder y debilitar la autonomía de los órganos electorales. Mientras tanto, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, en un movimiento que corre paralelo a la aprobación del Plan B y que busca renovar la integración del organismo garante antes de los próximos procesos comiciales.
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