Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece un límite máximo del 50 por ciento de la remuneración de la presidencia de la República para las pensiones de los exfuncionarios públicos. La decisión, tomada el 25 de marzo de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, afecta a jubilados de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro, aunque mantiene excepciones para las Fuerzas Armadas y ciertos esquemas de ahorro.
El resultado de la votación presenta cifras contradictorias según los medios que cubrieron la sesión. Mientras el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el portal Quadratín México detalló un marcador de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Esta última cifra desmiente versiones que sugerían una aprobación por unanimidad, evidenciando una división en el pleno legislativo respecto a la minuta que ahora debe ser ratificada por las legislaturas de los estados y la Ciudad de México.
Durante el desarrollo de la discusión legislativa, se registraron protestas de grupos de jubilados en el exterior del recinto parlamentario. En el interior, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su posición sobre la reforma, aunque el contenido específico de sus declaraciones no fue detallado completamente en los reportes disponibles. La iniciativa también incorpora cambios en el lenguaje para hacerlo inclusivo, conforme a los debates recientes en el Congreso.
El texto aprobado exonera del nuevo tope salarial a los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes, así como a las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Asimismo, se mantiene fuera de este límite a las pensiones de las Fuerzas Armadas, preservando sus esquemas actuales de retiro.
Con esta aprobación, la minuta pasa a la siguiente etapa del proceso legislativo, requiriendo la validación de la mayoría de los congresos locales para convertirse en ley constitucional. La medida busca equilibrar las finanzas públicas relacionadas con los pasivos laborales de alto nivel, en un contexto donde la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo servirá como referencia base para calcular el monto máximo que podrán percibir los futuros pensionados del sector público afectado.
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