Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial de entrada a ese país. La mandataria calificó como positivas las noticias que desmienten dichos permisos, aunque advirtió que las críticas contra su gobierno continuarán por parte de sectores de la ultraderecha en ambas naciones.
“Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, declaró Sheinbaum. La aclaración oficial del DHS señaló textualmente que “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no reciben el benefico de tal permiso”, respuesta obtenida tras una solicitud formal de información realizada por Radio Sonora.
En medio de estas tensiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró el 5 de junio de 2026 que ambas naciones han logrado avances significativos en la lucha contra el fentanilo y las organizaciones criminales. El pronunciamiento de Johnson se difundió a través de sus redes sociales desde Washington, donde afirmó: “Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados”.
El diplomático exhortó a evitar que la cooperación bilateral en materia de seguridad se utilizara con fines políticos, respondiendo así a declaraciones previas de Sheinbaum. La presidenta había acusado a una oficina del Departamento de Estado de intentar intervenir en asuntos internos bajo el argumento del combate al narcotráfico, contexto en el cual el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum informó además que un encuentro previsto con Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, sería pospuesto por motivos de agenda. Johnson asistió recientemente a un acto encabezado por Carter. La presidenta consideró que las noticias falsas y los intentos por deteriorar la relación buscan afectar al gobierno de México con vistas a la elección del 2027 y a los comicios estadounidenses de noviembre próximo.
La crisis actual en las relaciones bilaterales remite a los años 1984-1986, época marcada por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y la revelación de protecciones gubernamentales a traficantes. En aquel entonces, columnistas como Manuel Buendía denunciaron la incursión de narcotraficantes en territorios campesinos, hechos que precedieron a su propio asesinato. Actualmente, además de la solicitud contra Rocha Moya, existen revelaciones de otros dos mandatarios presuntamente involucrados según reportes de Los Ángeles Times.
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