Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Un total de 53 centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones, conocidos como anexos, fueron clausurados o asegurados en el Estado de México tras una serie de operativos de inspección realizados entre el 13 y el 20 de marzo. La acción, coordinada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tuvo como resultado la detención de ocho trabajadores y la localización de mil 599 personas que se encontraban en estos inmuebles.
De acuerdo con los datos oficiales, las autoridades realizaron visitas de verificación a 94 establecimientos. De estos, 29 se ubicaban en el municipio de Ecatepec y 24 en Naucalpan, donde se identificaron irregularidades graves. Como parte del operativo, mil 518 personas fueron reintegradas a sus familias, mientras que 80 individuos requirieron traslado a centros certificados para continuar su atención y una persona fue externada de manera voluntaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los sitios clausurados presentaban posibles vínculos con delitos como la privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Las investigaciones preliminares señalaron que algunos de estos lugares funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, llegando a obligar a las personas recluidas a participar en estas actividades ilegales.
La mandataria estatal instruyó la puesta en marcha de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación, la cual se ejecutó a través de la Mesa de Paz. En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal, así como autoridades sanitarias y de protección civil.
Durante las inspecciones se reportaron condiciones de hacinamiento, insalubridad, presencia de alimentos en mal estado y falta de personal capacitado en los centros intervenidos. Los ocho trabajadores detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales por su probable participación en los ilícitos descubiertos durante el aseguramiento de los 53 inmuebles que no cumplían con los requisitos legales y sanitarios vigentes.
Estos operativos forman parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, una iniciativa que busca eliminar los focos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el sector de salud mental y adicciones en la entidad, involucrando la coordinación de los tres niveles de gobierno.
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