Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para dictaminar sobre la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado de peculado y ejercicio indebido del servicio público. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicha comisión, confirmó que la sesión se llevará a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, buscando con el retraso no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B.
La solicitud de retiro de inmunidad parlamentaria fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual imputa a Moreno Cárdenas un presunto desvío de recursos por 83 millones de pesos durante su gestión. Este proceso jurídico se suma a un contexto de irregularidades administrativas detectadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en 2018 identificó posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos en el gobierno estatal que encabezó el priista entre 2015 y 2019.
De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022, tres años después de que Moreno dejó la gubernatura, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por la ASF. Análisis de datos indican que la gestión de David Colmenares al frente de la auditoría fue benévola en años recientes, permitiendo que se perdonaran o solventaran más de 2 mil 700 millones de pesos de las cuentas pendientes del exgobernador.
Entre los involucrados en el escrutinio público y legal figuran Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, así como la propia estructura de la ASF y la Fiscalía de Campeche. La dualidad de los procesos, uno jurídico-legislativo por los 83 millones y otro administrativo-contable por los miles de millones detectados inicialmente, marca la complejidad del caso que enfrenta el líder del tricolor, quien hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial frente a estas nuevas acusaciones formales.
La reactivación del proceso de desafuero tras el descanso vacacional pone a prueba la voluntad política de la mayoría legislativa para proceder contra un senador en ejercicio, mientras se mantiene la presión sobre las cuentas públicas de la administración pasada en Campeche. La decisión de la Comisión Instructora determinará si Alejandro Moreno Cárdenas pierde su fuero constitucional y queda a disposición de la justicia federal para enfrentar el juicio por los delitos que se le imputan.
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