Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto. La toma de la instalación, ubicada en un sitio RAMSAR, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, deteniendo los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira, cobanaro y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien advirtió: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
El proyecto es operado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, y cuenta con un financiamiento de 860 millones de dólares por parte del banco público alemán KfW IPEX-Bank. La planta, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. El conflicto por esta instalación, que también incluiría producción de metanol, inició en 2014.
Los manifestantes denuncian impactos ambientales graves, señalando que ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales y tumbado manglares en la bahía de Ohuira, lo que ha provocado la migración de parte de la fauna. Según la investigación, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriamiento, descargando el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Felipe Montaño Valenzuela. El colectivo ¡Aquí! sostiene que la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Tras esto, la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso.
La protesta ha trascendido fronteras, pues ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos públicos destinados al proyecto.
About The Author
