Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este martes múltiples facetas críticas, desde el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco hasta la localización con vida de siete electricistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por denuncias de omisión institucional, hostigamiento a defensores de derechos humanos y declaraciones oficiales que contrastan con la realidad reportada por familias y colectivos de búsqueda.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, encabezado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias. Este hallazgo se suma a la tensión creciente entre la sociedad civil y el Estado por la gestión de los sitios de entierro clandestino.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la identidad del familiar y la confirmación oficial mediante pruebas de ADN aún se desconocen, el reporte subraya la persistencia de las familias en la búsqueda autónoma ante la falta de resultados gubernamentales. Por otro lado, en Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal para ser reclutados forzadamente, fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días, según testimonios recogidos por medios locales.
La inacción y la posible complicidad de las autoridades también fueron denunciadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas. La organización reportó un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones ocurrido el 22 de marzo, advirtiendo sobre un “riesgo inminente” para su personal y la falta de protección por parte del Estado. Estos eventos se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero, evidenciando un patrón de hostigamiento contra quienes documentan la violencia.
En contraste con los reportes de crisis, el Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”. Esta declaración genera contradicción con la percepción de inseguridad y los reportes periodísticos que alertan sobre la gravedad de las desapariciones en la entidad. Mientras tanto, en Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que las pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones han sido frustradas, ya que el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo correspondiente.
El panorama nacional incluye también casos sin resolución clara, como el paradero desconocido del niño Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre en Yucatán, y la muerte de Natalie A. G. y su hija Ariana en Azcapotzalco, cuyas causas permanecen sin esclarecer a pesar de no presentar huellas de violencia aparente. Con 297 personas desaparecidas registradas en Yucatán hasta finales de 2025 y la continuidad de búsquedas en diversos estados, la respuesta institucional sigue siendo cuestionada por las familias que exigen verdad y justicia.
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