Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- Existe un expediente estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve cómplices, por lo que Estados Unidos solicitó su detención y extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante estos señalamientos, el gobierno mexicano ha pedido más pruebas a la contraparte norteña y la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente.
En este contexto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso de Rubén Rocha Moya y exigió que sea entregado a la justicia. La funcionaria afirmó que México vive una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Campos.
Simultáneamente, Maru Campos está siendo investigada por la FGR debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua. En dicho operativo antinarcóticos murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.
Sobre las acusaciones de injerencia extranjera, la gobernadora de Chihuahua stated: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”. No obstante, el oficialismo señala a Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir dichas injerencias desde el exterior, mientras acusa a la oposición de utilizar el caso de Rocha Moya con fines políticos.
Cabe recordar que Maru Campos fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte. La situación refleja posturas opuestas dentro del país, donde por un lado se exige la entrega del exgobernador sinaloense y por otro las autoridades federales solicitan mayor sustento probatorio antes de actuar.
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