Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Senado de la República debate la reforma constitucional en materia electoral y de revocación de mandato, un proceso donde los seis votos del Partido del Trabajo (PT) resultan determinantes para alcanzar la mayoría calificada necesaria. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, requiere de 85 votos para ser aprobada, cifra que podría ser cubierta por la suma de las bancadas de Morena, PVEM y PT, que totalizan 87 legisladores, aunque persisten dudas dentro de la alianza gobernante.
El contenido de la reforma abarca temas como la revocación de mandato, la reducción de puestos en ayuntamientos, el recorte de sueldos de funcionarios electorales y cambios en la integración del Congreso, contemplando una propuesta de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones involucradas, han trabajado en la dictaminación de la iniciativa en medio de un calendario legislativo apretado entre el 19 y 21 de marzo.
En el marco de este debate, el senador Manlio Fabio Beltrones ha presentado una propuesta legislativa alternativa, generando un escenario de posiciones divergentes dentro del proceso de aprobación. Mientras la mandataria impulsa su reforma, la existencia de iniciativas paralelas y la necesidad de consensuar los detalles finales mantienen la atención centrada en la capacidad de negociación del bloque oficialista.
Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, representa a una fracción parlamentaria cuya postura específica y propuestas de cambio son objeto de análisis, dado que su apoyo es condición sine qua non para la viabilidad del proyecto. La aritmética legislativa indica que, sin los seis votos del PT, la coalición no alcanzaría el umbral de las dos terceras partes exigido por la Constitución para modificaciones de esta naturaleza.
Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido parte de las reuniones relacionadas con las reformas, aunque los detalles específicos de su postura tras dichos encuentros no han sido fully divulgados en el contexto inmediato del debate. La participación del organismo electoral es crucial dado que los cambios propuestos afectan directamente la estructura y el financiamiento de la institución.
Existen reportes que indican que el Congreso podría haber rechazado la propuesta inicial o que el proceso de dictaminación sigue en curso para el llamado ‘Plan B’, reflejando la complejidad de la negociación política. Ricardo Anaya, senador de la oposición, también forma parte del entorno legislativo donde se discuten estos cambios, en un clima donde la aprobación final depende de la convergencia de voluntades entre los partidos con representación en la cámara alta.
La sesión de dictaminación y la fecha exacta para la votación final permanecen como puntos críticos en la agenda del Senado, mientras los actores políticos buscan cerrar los acuerdos necesarios. El resultado de este proceso definirá el futuro inmediato de la organización electoral en México y la posibilidad de implementar mecanismos de revocación de mandato bajo las nuevas reglas propuestas.
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