Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la defensa del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral, una propuesta que según legisladores de Morena busca eliminar privilegios innecesarios y generar un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos. El senador Pável Jarero Velázquez, integrante de la bancada gobernante, señaló que existe un consenso sólido dentro de su fracción para emitir un voto favorable durante la próxima sesión de las Comisiones Unidas del Senado, donde se analizará la dictaminación de la iniciativa.
Jarero Velázquez explicó que el objetivo central de esta reforma es priorizar la austeridad republicana y redirigir el ahorro público hacia el bienestar directo de la población. “El Plan B de la reforma electoral significa menos privilegios y más bienestar para el pueblo”, afirmó el legislador, quien detalló que los recursos recuperados de la eliminación de prerrogativas consideradas excesivas serán destinados a proyectos de infraestructura básica.
De acuerdo con las declaraciones del senador, los fondos obtenidos mediante esta medida se invertirán en obras de agua potable, electrificación rural, así como en la construcción de puentes y caminos. Jarero enfatizó que la propuesta representa una oportunidad para dejar atrás los excesos del sistema anterior y fortalecer el desarrollo social mediante la aplicación eficiente del presupuesto federal.
La discusión legislativa se concentra ahora en las Comisiones Unidas del Senado, que sesionarán próximamente para revisar los detalles de la propuesta. Aunque la investigación disponible no especifica el contenido técnico concreto de cada artículo de la reforma ni las posturas de los partidos de oposición, la bancada de Morena mantiene una posición unificada para aprobar el cambio normativo que respalda la estrategia de austeridad del gobierno federal.
Este movimiento legislativo se suma a la agenda de transformaciones promovidas por la administración de Sheinbaum, buscando consolidar un marco electoral que, según sus promotores, reduzca costos operativos y maximice el impacto social del gasto público en las comunidades más vulnerables del país.
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