Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exfuncionarios y actuales responsables de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya, según confirmaron fuentes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico.
Las acusaciones se centran en el proyecto de Parques Memoriales, específicamente el parque Balam Tun, donde se alega que se realizaron acciones de deconstrucción y reubicación de monumentos arqueológicos bajo el argumento de proyectos de desarrollo. Los denunciantes incluyen miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.
Entre los funcionarios señalados se encuentran el exdirector del INAH Diego Prieto, así como autoridades actuales como Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya. También están implicados miembros del Consejo de Arqueología.
Según cifras proporcionadas por el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas hasta 2026. Además, se reportan 47 monumentos mayas supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 monumentos arqueológicos reubicados en el parque Balam Tun.
Las denuncias surgieron entre el 17 y 18 de marzo de 2026, aunque no se ha especificado la autoridad exacta ante la cual se presentarán formalmente, ni se ha proporcionado evidencia documental concreta que respalde las acusaciones sobre el uso de dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos.
Este conflicto representa una división interna dentro del INAH, la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico mexicano. Las acusaciones señalan que las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, lo que genera cuestionamientos sobre la priorización de obras de infraestructura sobre la conservación del patrimonio cultural.
Hasta el momento, no se ha registrado respuesta oficial por parte de los funcionarios denunciados o del INAH como institución. La situación pone en evidencia la tensión entre el desarrollo de infraestructura nacional y la protección del patrimonio arqueológico en la península de Yucatán.
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