Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes 20 de julio de 2026 al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La medida fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien lo señaló como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La orden de aprehensión contra Ruffo Appel y otros 24 imputados, entre ellos Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, fue concedida el 13 de julio de 2026 por la jueza Ramírez de la Vega, tras haber sido negada previamente el 22 de junio por el juez Mario Elizondo Martínez. Los cargos incluyen delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. La investigación se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
Durante la audiencia inicial, que comenzó la noche del 17 de julio y se extendió por más de 30 horas —algunas fuentes reportan hasta 40 horas— ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la jueza concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La magistrada indicó que desde esa posición “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional”.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informes de la FGR, causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otra fuente cifra el daño en 4,456 millones de pesos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones. Mientras tanto, otros imputados como José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio de 2026. Tras las ocho detenciones realizadas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en el operativo, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
La detención ha generado diversas reacciones. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Por su parte, Roberto Gil Zuarth criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia respaldada por el PAN que llamó a respetar las garantías constitucionales. Sectores empresariales como Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideraron que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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