abril 16, 2026
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Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, envió un paquete de iniciativas al Congreso capitalino para endurecer las sanciones por extorsión. El proyecto de ley fue presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y plantea imponer hasta siete años de prisión a quienes cometan este delito.

La iniciativa propone tres modificaciones clave al Código Penal local: derogar el artículo 148 Quáter, reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima y crear un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo. Este nuevo delito contempla penas de tres a siete años de prisión. El Grupo Parlamentario de Morena señaló que “con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”.

El Congreso local explicó que la legislación actual exige que la extorsión genere un resultado material para poder perseguirse. Por ello, la propuesta también incluye la reforma al artículo 253 para incorporar la extorsión federal y el nuevo delito dentro del catálogo de graves. La diputada Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que desde el recinto de Donceles y Allende se respaldarán estas medidas con “cero tolerancia”.

Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios ocurridos en el recinto legislativo de Donceles el pasado 9 de abril. Durante esa movilización, integrantes de la Asamblea de Barrios se manifestaron para entregar un pliego petitorio en materia de vivienda; un grupo intentó ingresar por la fuerza al inmueble, lo que derivó en un enfrentamiento con el personal de resguardo y dejó cinco trabajadores lesionados.

El presidente de la Mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo. En el encuentro se entregó un borrador de protocolos para seguridad en manifestaciones. “El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”, dijo Sesma.

En otro orden de ideas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que la modalidad delictiva de extorsión está en boga y llamó a la población a denunciar. En dicha ciudad se realizó la décima cuarta reunión semanal de seguridad para afinar estrategias de prevención y vigilancia durante eventos deportivos programados para el fin de semana.

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