Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Delegación Laguna I, informó sobre los avances en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, el cual ha generado una disputa de versiones entre las autoridades y los afectados que se manifestaron exigiendo justicia.
El delegado regional Carlos Rangel detalló que existen 60 denuncias formales integradas y se han girado 12 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Como resultado de los operativos, dos mujeres se encuentran detenidas y una tercera fue reaprehendida recientemente, luego de haber sido liberada previamente tras alcanzar un acuerdo reparatorio con una víctima, figura legal que la autoridad defendió como válida cuando existe aceptación de la parte afectada.
Por su parte, los afectados, agrupados inicialmente en un colectivo de 27 personas que reportan un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos, mantienen una postura crítica hacia el ritmo de la procuración de justicia. Alfonso Serrano, uno de los denunciantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención oportuna, citarlos en horarios extensos sin ser recibidos y no responder a las vías de comunicación establecidas, sosteniendo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan.
La discrepancia en las cifras es notable: mientras la Fiscalía asegura que la mayoría de las carpetas ya están judicializadas tras más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas, los afectados aseguran que únicamente dos casos han logrado llegar a esa etapa procesal. Además, fuentes periodísticas señalan que uno de los principales implicados, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la dependencia estatal.
Carlos Rangel reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como organizadores del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. El funcionario enfatizó que la ley se aplicará parejo, incluso si hay señalamientos contra funcionarios públicos, aunque aclaró que las responsabilidades adicionales deben acreditarse mediante los procesos judiciales en curso.
La tensión entre las partes persiste en las inmediaciones de la delegación regional de la Fiscalía en Torreón, donde las víctimas han realizado bloqueos parciales para demandar celeridad. La autoridad mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias, dado que se tiene conocimiento de posibles víctimas que aún no han formalizado su situación jurídica.
About The Author
