Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró este viernes 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en el operativo del 5 de abril de 2017 que dejó cuatro personas muertas en la comunidad purépecha de Arantepacua.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán solicitó los mandamientos judiciales tras una investigación que documentó la actuación de la policía estatal durante el operativo. De acuerdo con reportes de medios nacionales, las órdenes están fundamentadas en la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Según el Semanario ZETA, el juez de control del fuero común con sede en Morelia giró la orden de aprehensión contra el exgobernador por el presunto homicidio de cuatro personas y la tortura de otras diez durante el operativo registrado el 5 de abril de 2017. El Siglo de Torreón señaló que la intervención policial ordenada por Aureoles concluyó en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépecha.
Los hechos se remontan al 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen, Michoacán. El operativo policial se llevó a cabo en el contexto de un conflicto por tierras y un bloqueo carretero en la región. Además de los cuatro fallecidos, fuentes periodísticas reportan que hubo al menos diez personas lesionadas durante la intervención.
Las 16 órdenes de aprehensión emitidas incluyen una dirigida contra el exgobernador, otra contra su exsecretario de Seguridad y las restantes 14 corresponden a policías estatales quienes habrían participado en los hechos investigados. Esta acción judicial abarca a los principales mandos de la administración estatal y a varios elementos operativos.
Silvano Aureoles Conejo, quien estuvo al frente del gobierno de Michoacán del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021, ya contaba con una orden de aprehensión previa en fuero federal por un presunto desfalco millonario vinculado a la construcción de estaciones policiales, según información de contexto disponible.
El caso de Arantepacua ha permanecido en el escrutinio público durante casi nueve años, con familiares de las víctimas y organizaciones civiles exigiendo justicia por lo ocurrido en la comunidad. La emisión de estas órdenes de aprehensión marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre uno de los episodios más graves de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de Michoacán.
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