Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. La decisión judicial responde a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde un operativo policial derivó en la muerte de cuatro personas.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la emisión de un total de 16 órdenes de aprehensión contra los servidores públicos señalados. De acuerdo con la investigación, los delitos imputados contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad. Además de Aureoles Conejo y Corona Martínez, los mandamientos de captura incluyen a los elementos policiales que presuntamente participaron en la intervención.
Los hechos que originaron esta causa penal se remontan a un operativo desplegado para levantar un bloqueo carretero y recuperar vehículos retenidos por la comunidad. Reportes indican que durante la acción se registraron cuatro asesinatos, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos, así como 48 detenciones arbitrarias. En el enfrentamiento entre agentes y pobladores también resultaron heridos siete policías.
Silvano Aureoles Conejo ya se encontraba bajo otra orden de aprehensión desde 2023 por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con un presunto desfalco millonario en la construcción de cuarteles policiacos durante su mandato. Por ese caso anterior, el exmandatario es considerado prófugo de la justicia.
Con estas nuevas determinaciones judiciales, la FGE busca la localización y presentación de los 16 implicados para que respondan por las violaciones a derechos humanos cometidas hace nueve años en la región purépecha. El juez que libró las órdenes no fue identificado por nombre en los informes oficiales disponibles.
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