Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender el derrame de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México anunció la creación de un Observatorio Permanente para el monitoreo ambiental y climático en la región. El proyecto, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), operará bajo un modelo de colaboración entre la comunidad científica, la iniciativa privada y el gobierno.
El Observatorio prevé el uso de boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos, tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos. En las labores participarán instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, el CICESE, ECOSUR y el Centro GEO.
En paralelo, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), anunció un plan de choque para rescatar la economía local de Tabasco y Veracruz. Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado de Conapesca, confirmó que se trabajará para entregar un apoyo económico de 15 mil pesos a cada afectado, mediante depósito directo a la Tarjeta del Bienestar. La inversión social será de 55.2 millones de pesos para un total de 3,679 beneficiarios, de los cuales 2,879 son de Tabasco y 800 de Veracruz.
“El Gobierno de México trabaja para respaldar a las y los pescadores afectados. Estamos gestionando los recursos con la Secretaría de Hacienda para que el apoyo llegue lo antes posible”, señaló Salgado Vázquez. El comisionado recalcó que se fortalecerá el programa Bienpesca y que, por primera vez en la historia del sector, se ha conformado un grupo multidisciplinario para investigar el origen del derrame, deslindar responsabilidades legales y evaluar el daño ecológico.
Respecto a las labores de atención, el GI reportó que más de 3 mil 300 elementos han sido desplegados, realizando recorridos en más de 630 kilómetros de costa. El operativo se mantiene en 48 playas, de las cuales 32 ya están libres de la llegada de hidrocarburo (siete en Tabasco y 25 en Veracruz). Hasta el momento se han recolectado 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 corresponden a playas y 40.6 al mar. Para las tareas de limpieza y contención se han utilizado 25 embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves y equipos de monitoreo como drones aéreos y submarinos, además de la instalación de dos mil metros de barreras, con otros 17 mil en traslado.
Sobre el origen del incidente, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, informó que la contaminación tendría como origen un vertimiento ilegal de un buque aún no identificado fondeado en Coatzacoalcos y dos emanaciones naturales de chapopoteras: una a cinco millas del puerto y otra en Cantarell, a 60 millas de Ciudad del Carmen. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, indicó que el gobierno evaluará el daño al Sistema Arrecifal Veracruzano y que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, Movimiento Ciudadano presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir a autoridades federales y a Pemex esclarecer las causas y responsabilidades del derrame. La bancada en el Senado advirtió que, a más de tres semanas del evento, no existe claridad sobre el origen ni los responsables, señalando que aunque Pemex ha participado en labores de limpieza, no ha aclarado las causas. Las y los legisladores exigieron investigaciones independientes, un plan integral de restauración ecológica, protección y equipo adecuado para brigadistas, así como un programa emergente de apoyo económico para familias afectadas.
Organizaciones ambientales y comunidades indígenas han denunciado afectaciones a sus medios de subsistencia y riesgos a la salud. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el derrame ha afectado al menos 170 kilómetros de litoral, mientras que otras organizaciones advierten que la mancha de hidrocarburos podría haberse extendido hasta 630 kilómetros. Hasta el 3 de abril, no se habían registrado afectaciones a la fauna en las áreas naturales protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde se inspeccionaron más de 37 kilómetros de litoral.
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