Archivo. EFE/EPA/CJ GUNTHER
Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer, viernes 20 de marzo, una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un entorno hostil y discriminatorio hacia estudiantes judíos e israelíes. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en incidentes ocurridos durante las protestas propalestinas y antiisraelíes que tuvieron lugar en el campus, destacando un campamento de manifestación que permaneció instalado durante 20 días. Según el gobierno estadounidense, la universidad no tomó medidas suficientes para prevenir el acoso y la agresión física contra alumnos de origen judío e israelí en medio de dichas movilizaciones, las cuales se intensificaron tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y continuaron durante 2024.
Esta representa la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. El conflicto legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de investigación; dicha medida fue bloqueada en ese momento por un juez, pero la presión se ha mantenido hasta la presente acción judicial formalizada en el tribunal federal de Boston.
La investigación señala que la disputa pone en riesgo el financiamiento de proyectos científicos y académicos de gran escala, dado el volumen de recursos públicos que la institución recibe anualmente. Aunque la demanda detalla la existencia de un clima de inseguridad para la comunidad judía en el campus, la investigación disponible no especifica el número exacto de víctimas ni las fechas concretas de cada agresión alegada en el documento legal.
Por su parte, la Universidad de Harvard ha emitido comunicados institucionales en respuesta a las acusaciones, aunque no se han detallado hasta el momento los argumentos específicos de su defensa legal ante el tribunal. La institución enfrenta así uno de los desafíos jurídicos más significativos de su historia reciente, en un contexto polarizado por la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en las universidades estadounidenses.
El caso marca un precedente en la intervención del gobierno federal en la gestión de la seguridad y la libertad de expresión en los campus universitarios, estableciendo una confrontación directa entre las políticas de la Casa Blanca y la autonomía de las instituciones de educación superior más prestigiosas del país.
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