Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó el 6 de abril de 2026 el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU por considerarlo desactualizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses antes documentos al CED detallando avances desde 2019, los cuales no fueron tomados en cuenta.
Sheinbaum señaló que el CED realizó su análisis con base en información de cuatro entidades federativas (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco) correspondiente al periodo de 2009 a 2017. La mandataria acusó que los resultados del informe fueron proyectados hasta 2025 sin considerar cambios en la legislación y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sobre la decisión, Sheinbaum indicó: “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”. Asimismo, señaló que el análisis del comité no es ‘muy exacto’ porque ‘extrapolan’ los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional.
El informe del comité de la ONU señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, con 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026. El Gobierno mexicano confirmó hace semanas que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Sheinbaum adelantó que el Gobierno de México realizará un seguimiento sobre el informe de la ONU a través de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Además, estableció que habrá comunicación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien establecerán una ‘relación estrecha’.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la decisión del CED como una postura sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional. El Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo al posicionamiento del gobierno federal, considerando ‘muy grave’ que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano.
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