Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. La administración federal sostuvo que el documento omite los avances contra esa problemática que se trabajan desde 2018 y refutó categóricamente que “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General. La decisión del organismo internacional se basa en información que, según sus palabras, “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
En su defensa, el gobierno mexicano señaló que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, las autoridades federales indicaron que el análisis se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El Ejecutivo destacó que, en los párrafos 117 y 118 del propio informe, el CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Esta postura busca contrarrestar la gravedad de las acusaciones vertidas por el comité internacional.
No obstante, el CED subrayó que “no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”, pero advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”. Esta distinción marca la discrepancia central entre ambas partes.
Ante este escenario, el gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, el cual registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006. La tensión diplomática surge mientras el comité de la ONU mantiene su postura sobre la existencia de indicios de crímenes de lesa humanidad, a pesar de las aclaraciones del gobierno mexicano sobre el alcance temporal y geográfico del estudio.
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