Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal presentó este martes el denominado Plan B de reforma electoral, centrado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, que será enviado al Senado de la República luego del rechazo de una reforma constitucional más amplia en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reducir las regidurías municipales a un máximo de 15 y mínimo de 7, establecer un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para congresos locales, aplicar una reducción progresiva de hasta 15% en los gastos del Senado y mantener la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar la propuesta durante la conferencia La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, donde enfatizó que estas medidas se enmarcan en la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación. La presentación contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó la iniciativa como una alternativa viable tras el fracaso de la reforma constitucional original.
El Plan B surge como respuesta al rechazo parlamentario de una reforma más ambiciosa que buscaba reducir legisladores plurinominales y recortar el financiamiento a partidos políticos. La nueva propuesta se concentra en aspectos que no requieren reforma constitucional o que podrían generar mayor consenso entre las fuerzas políticas, aunque ya ha comenzado a generar reacciones encontradas.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, manifestó de inmediato su postura crítica hacia la iniciativa, particularmente respecto a la inclusión de la revocación de mandato para 2027/2028, lo que anticipa un debate complejo en el Senado. La medida ha sido interpretada por algunos sectores como un intento del gobierno de avanzar en su agenda de reducción del gasto público en el ámbito electoral e institucional.
El contexto político se enmarca en la búsqueda gubernamental de consolidar una transformación estructural de las instituciones, aunque enfrenta resistencias de partidos de oposición y críticas sobre el posible impacto en la representación democrática local. La iniciativa llega al Senado en un momento de tensiones políticas y deberá navegar por un proceso legislativo donde el oficialismo necesitará negociar con otras fuerzas para su aprobación.
Las proyecciones de ahorro específicas que generarían estas medidas no fueron detalladas durante la presentación, dejando abierto un flanco de cuestionamiento sobre el impacto fiscal real de la propuesta. Analistas políticos anticipan que el debate se centrará en el equilibrio entre la austeridad presupuestaria y el mantenimiento de la capacidad operativa de las instituciones democráticas en los ámbitos local y federal.
About The Author
