Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Senado recibió una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal que busca dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una ley general en materia de feminicidio. La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, informó sobre la recepción del documento, el cual tiene como objetivo homologar la investigación, persecución, tipificación y sanción del feminicidio en todo el país.
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para incluir el feminicidio entre las materias sobre las cuales diputados y senadores pueden legislar. Actualmente, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas, lo que ha generado diferencias sustantivas en los tipos penales y criterios distintos para acreditar las razones de género.
De acuerdo con los detalles de la iniciativa, cada Estado tiene su propia forma de investigar, sus agravantes y su entendimiento de las ‘razones de género’, resultando en sanciones no homologadas. Para atender esto, la iniciativa contiene penas que fluctúan entre los cuarenta y setenta años de prisión, incluye sanción para la tentativa y agravantes amplias, además de proponer un protocolo nacional homologado de investigación.
Sobre el propósito de la reforma, Laura Itzel Castillo declaró que “nos permitirá legislar para que ninguna mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”. Sin embargo, la llegada de la propuesta ocurre en un contexto donde México ya cuenta con un marco preventivo y correctivo amplio en materia de violencia contra las mujeres, incluyendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Adicionalmente, el país cuenta con un protocolo federal de investigación ministerial, policial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, el cual fue elaborado desde la etapa de la Procuraduría General de la República (PGR) y se encuentra disponible en la Fiscalía General de la República (FGR). Frente a esto, Benigno Licea González sostuvo que esta iniciativa de inicio no resuelve absolutamente nada del problema estructural relativo al feminicidio en la República Mexicana.
Licea González argumentó que “la verdad es que contemplada así este proyecto legislativo parece producir mayor coherencia formal, pero no equivale a construir una efectiva y cierta prevención real, una auténtica policía ‘científica, robusta y con gran capacidad de investigación de alta calidad'”. Finalmente, respecto a la propuesta de un protocolo nacional, afirmó: “Sostengo que un protocolo homogéneo en manos incompetentes solo estandariza la torpeza”.
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