Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La memoria histórica y la búsqueda de justicia han centrado la atención reciente en diversos países de Latinoamérica, con acciones que van desde propuestas legislativas controvertidas hasta sentencias inéditas y actos de reconocimiento estatal.
En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La iniciativa, ingresada el mismo día que Kast rindió su primera Cuenta Pública, pide instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto.
El objetivo declarado del museo es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular”. Según los impulsores, la propuesta busca “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período”, con la intención de restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), galardonado con el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026.
Por otro lado, la justicia de Ecuador obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, en una sentencia que marca un impás en la política de seguridad del presidente Daniel Noboa. El 4 de junio de 2026, en el Hemiciclo de la Rotonda en Guayaquil, el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de disculpa redactadas por los jueces de la Corte Constitucional.
Salazar expresó: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”. Los menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024; según la investigación judicial, fueron detenidos, golpeados, desnudados y abandonados, apareciendo sus cuerpos días después junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”, mientras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció hostigamiento previo contra las familias.
En México, la lucha por la justicia continúa para los familiares de las 49 víctimas de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009. A 17 años del siniestro, los familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista donde, tras mencionar cada nombre, pronunciaron la frase “no debió morir”, reiterando su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad.
Asimismo, tras seis años de lucha familiar, la UNAM otorgó la licenciatura a la enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio. La joven, quien había terminado la carrera con 9.6 de calificación sin haber reprobado jamás, fue asesinada mientras cumplía su servicio social, requisito que no pudo concluir. Su título fue entregado pese a que el culpable del asesinato al parecer sigue sin ser juzgado.
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