Nueva York, 26 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein rechazó este jueves desestimar los cargos en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su segunda comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aunque postponiendo una resolución definitiva sobre si se permitirá el uso de fondos venezolanos para pagar su defensa legal. La sesión, que se extendió por aproximadamente 70 minutos, dejó sin cambios la situación procesal de la pareja, quienes permanecen recluidos bajo un régimen de confinamiento administrativo desde que fueron capturados o cayeron en manos de autoridades estadounidenses en enero pasado, según versiones que varían entre una operación militar directa y un colapso de su mandato.
Maduro y Flores hicieron su entrada al tribunal vistiendo uniformes penitenciarios de color beige y utilizando auriculares para la traducción simultánea. Durante la audiencia, el abogado defensor Barry J. Pollack insistió en la petición de eliminar los casos en su contra, argumentando que el bloqueo de activos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. La defensa sostiene que esta medida impide a los acusados elegir libremente a sus letrados al no contar con recursos propios ni acceso a las arcas del Estado venezolano.
Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba, representante del Gobierno de Estados Unidos, mantuvo la postura de que no debe autorizarse el desembolso de dinero proveniente del régimen para cubrir los honorarios legales. El magistrado Hellerstein, de 92 años de edad, escuchó los argumentos de ambas partes pero optó por no emitir un fallo inmediato sobre la disputa financiera, prometiendo una resolución pronta. Tampoco se fijó una fecha concreta para la próxima comparecencia, en un proceso que expertos prevén podría extenderse por uno o dos años antes de llegar a juicio.
Los cargos que enfrenta la pareja incluyen narcoterrorismo y posesión de armas, imputaciones bajo las cuales se declararon no culpables en su primera aparición judicial. La fiscalía acusa a Maduro de liderar un esquema de corrupción institucional durante más de 25 años para facilitar el traslado de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. La validez de las pruebas y la legalidad internacional de juzgar a un mandatario sacado de su país son puntos neurálgicos que comenzarán a debatirse en las siguientes etapas del litigio.
Fuera del recinto judicial en Manhattan, la polarización social se manifestó con tensión entre grupos de manifestantes. Por un lado, ciudadanos venezolanos exigieron que se aplicara todo el peso de la ley contra los acusados, portando pancartas con mensajes contundentes; por otro lado, activistas extranjeros y simpatizantes abogaron por su liberación. La repercusión del caso trascendió fronteras, registrándose también protestas en Londres frente a la embajada de Estados Unidos, donde colectivos como la campaña Stop the War calificaron el proceso como un show político.
La incertidumbre sobre el estatus exacto del mandato de Maduro al momento de su detención persiste como una contradicción en las fuentes disponibles, mientras la defensa prepara nuevas mociones para cuestionar los fundamentos del Departamento de Justicia. El caso avanza en un contexto de relajación de tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, aunque el destino jurídico de la expareja presidencial sigue supeditado a las decisiones técnicas del tribunal neoyorquino y a la disponibilidad de recursos para garantizar su representación legal.
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