Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal desestimar la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. La petición se realiza mediante un escrito de más de 100 páginas en el que los fiscales argumentan que no existen fundamentos válidos para revertir la condena de octubre de 2024, que sentenció al funcionario a más de 38 años de prisión.
La fiscalía especial, encabezada por Adam Amir y el fiscal en jefe Joseph Nocella, respondió así a los alegatos presentados por el equipo legal de García Luna en diciembre de 2025. En dicha ocasión, la defensa había interpuesto el recurso de apelación sosteniendo que el juicio, el cual duró cinco semanas, se basó principalmente en testimonios no corroborados de criminales, una premisa que ahora es rechazada por la acusación en su nuevo sometimiento documental.
Como consecuencia del veredicto original, García Luna enfrenta además el pago de una multa económica cuya cifra varía según las fuentes consultadas entre dos y cinco millones de dólares. Tras la presentación de este último movimiento procesal por parte del gobierno estadounidense, la defensa del exfuncionario mexicano cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar su respuesta ante el tribunal.
El caso mantiene vigencia mediática y jurídica debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. La solicitud del Departamento de Justicia busca consolidar la sentencia emitida hace año y medio, cerrando la puerta a cualquier revisión que pudiera modificar el tiempo de reclusión o las sanciones financieras impuestas al antiguo titular de la seguridad pública mexicana.
Mientras se resuelve esta etapa del proceso appellate, persisten discrepancias en los reportes sobre detalles específicos del caso, como el monto exacto de la sanción pecuniaria y la autoridad política que dirige actualmente el departamento involucrado. No obstante, la postura legal de los fiscales especiales es clara en su intención de mantener intacta la condena que marcó el fin de la carrera política de García Luna en Estados Unidos.
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