Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso que no consideró los esfuerzos institucionales. El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con sesgos y omisión, y criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. Además, reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por su parte, la decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026. La información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Según el CED, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El CED tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. No obstante, el Comité señaló que en algunos de los casos denunciados recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819. De las 819 acciones urgentes, 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno.
Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, dijo: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El gobierno de México citó al propio informe: “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
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