Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La bancada de Morena en el Senado confirmó que la votación del ‘Plan B’ de la reforma electoral está programada para el miércoles 25 de marzo, previo al receso de Semana Santa. El coordinador de la fracción, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se buscará aprobar la reforma constitucional en el pleno en esa fecha, contando con el respaldo de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), aunque estos últimos han expresado reservas internas sobre ciertos puntos del dictamen.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte reacción de la oposición. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la iniciativa como un ‘Plan Maduro’ y un intento de golpe de Estado, alineándose con críticas publicadas en medios que la describen como una ‘Ley Maduro’ destinada a debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE). Por su parte, diputados y senadores de la alianza opositora argumentan que la reforma busca establecer una campaña permanente del Ejecutivo a través de mecanismos como la revocación de mandato.
Una de las controversias centrales reside en el impacto financiero y administrativo de la reforma a nivel local. Según datos de la iniciativa, el cambio implicaría un aumento en el número de integrantes de cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que esta medida generará más gasto público en lugar de ahorro, obligando a las localidades a ampliar sus cuerpos edilicios. En el caso específico de Yucatán, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que crearía 221 regidurías adicionales.
En medio del debate, surgieron cuestionamientos sobre la viabilidad constitucional de incluir la revocación de mandato en este paquete legislativo. Una columna de opinión en López-Dóriga Digital señaló que tal mecanismo es improcedente en el contexto actual, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta, requisito establecido en la Constitución para activar dicho proceso. Esta postura refleja la preocupación de sectores analíticos sobre el uso político de las nuevas herramientas electorales.
A pesar de las críticas y las reservas manifestadas por algunos legisladores del PVEM y el PT, la coordinación de Morena mantiene la certeza de que contará con los votos necesarios para la aprobación el próximo 25 de marzo. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre los detalles de las leyes secundarias que deberán derivarse de esta reforma constitucional, así como los plazos exactos para su elaboración e implementación, temas que no han sido detallados oficialmente por los promotores de la iniciativa.
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