Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas de apoyo en la prevención, investigación y erradicación del problema.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil y su magnitud, no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta determinación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución, calificando el informe de tendencioso y sesgado. El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y acusó al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Las autoridades mexicanas argumentaron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Asimismo, el gobierno destacó que el propio documento del CED reconoce en sus párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos. México aseguró que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Juan Albán-Alencastro respondió que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional, sino que importa el patrón de los ataques. El CED señaló que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y advirtió que en algunos casos las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano. “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, dijo Corcuera, quien añadió que la reacción gubernamental es “una muy mala señal”. El experto explicó que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y que el Estatuto de Roma incluye la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad incluso cuando es cometida por actores no estatales.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”. Las autoridades cuestionaron el rigor jurídico del documento y señalaron que al menos uno de los integrantes del CED trabajó previamente para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
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