Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
Ante este escenario, el Gobierno de México rechazó el informe realizado por el Comité, acusándolo de estar desactualizado y carecer de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, dado que uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades federales reprobaron el documento por considerarlo “parcial, sesgado y tendencioso”, al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, añadieron que el Comité omitió considerar la actualización de información presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de marzo. El gobierno citó que el propio Comité reconoce que “no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
En su defensa, el Ejecutivo afirmó: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. Asimismo, resaltaron que “en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender ese flagelo”.
Por su parte, organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) impulsó la solicitud formal tras años de trabajo con colectivos y análisis regionales en estados como Coahuila, Veracruz y Nayarit, donde documentó patrones graves de violencia. Amnistía Internacional pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional, recordando que la crisis afecta directamente a más de 132 mil familias.
Mientras se desarrolla el debate internacional, en Sonora se llevó a cabo el jueves 2 de abril de 2026 el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 h en el Panteón Municipal, al norte de Hermosillo. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados el 24 de marzo en un predio de la zona rural de Hermosillo corresponden a Marco Antonio, quien desapareció en 2019.
En otro frente relacionado con la impunidad, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la situación de los periodistas en México. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad se produce en el 95 por ciento de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones. “Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”, declaró Mendiola.
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