Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) señaló patrones sistemáticos de desaparición forzada en México y destacó la “imperante impunidad” en ese delito. Como parte de su visita en 2021, el Comité dio 84 recomendaciones al gobierno mexicano y activó para el país el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas.
En abril de 2022, el CED presentó un documento donde mencionaba una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. Según datos estatales citados por el Comité en esa fecha, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y sólo se habían dado 36 sentencias a nivel nacional.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar su decisión el CED consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. A inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, en comparación con los 52 mil en el momento de la visita del Comité en 2021.
En 2021, el Comité recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
Los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. También se señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) halló desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, durante los periodos de mayor inseguridad entre 2009 y 2016.
La FIDH documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en Coahuila, siguiendo un patrón regular entre 2006 y 2016, durante los periodos de Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez. Se identificó que entre 2009 y 2012 las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas y luego las entregaron al cártel de los Zetas, y que entre 2012 a 2016, las autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones a través de sus fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, y un uso limitado de investigaciones de campo y de medios de prueba científicos. Con el Artículo 34 de la Convención, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.
En contra del informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que este no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. El ahora canciller Roberto Velasco declaró que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El 3 de abril de 2026 el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con una nueva clasificación de casos.
About The Author
