Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Organizaciones ecologistas, legisladores y comunidades pesqueras denunciaron la gravedad de un derrame de hidrocarburos que afecta al menos 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, con registros de animales muertos y suspensión de actividades económicas, en contraste con las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien aseguró que las playas se encuentran limpias y que solo se trató de “gotas”.
De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace, el incidente, cuyo primer reporte data de principios de marzo, ha impactado al menos 51 sitios, de los cuales 42 se ubican en Veracruz y nueve en Tabasco. Las autoridades ambientales y grupos civiles han confirmado la muerte de al menos 12 animales, entre ellos siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano, como consecuencia de la contaminación.
La diputada Laura Ballesteros y el diputado Sergio Gil, ambos de Movimiento Ciudadano, junto con representantes de Oceana como Renata Terrazas, han exigido la activación inmediata del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y la instalación de una mesa de crisis interinstitucional. Desde la comunidad, pescadores de Pajapan, Veracruz, y el activista Obet Hernández han reportado que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo continúa, contradiciendo el informe de Petróleos Mexicanos del 19 de marzo que indicaba un avance del 85% en las labores de limpieza.
La procuradora estatal del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, son las autoridades encargadas de la respuesta técnica, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la atención federal sobre el caso. La discrepancia entre las cifras oficiales y los reportes ciudadanos ha generado tensión sobre la transparencia en la gestión del desastre ambiental.
El derrame ha provocado la suspensión de actividades pesqueras y turísticas en la región, afectando directamente la economía de las comunidades costeras. Además, se han detectado manchas de hidrocarburos en Tamaulipas, lo que ha llevado a ese estado a intensificar la vigilancia en su litoral para prevenir mayores daños ecológicos.
Ante la controversia sobre la magnitud real del evento, los actores involucrados mantienen posturas divergentes: mientras el gobierno estatal de Veracruz minimiza el impacto, la sociedad civil y los legisladores federales insisten en que existe una crisis ambiental que requiere medidas de emergencia y una investigación profunda sobre las causas y la eficacia de la remediación.
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