Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó una propuesta legislativa conocida como ‘Plan Colosio’, la cual busca reformar la Ley General de Asentamientos Humanos para atender la creciente demanda de infraestructura derivada del nearshoring. La iniciativa se basa en cuatro pilares: Vivienda Anticipada, Movilidad Eficiente, Sostenibilidad Coordinada y Corresponsabilidad Privada, y fue discutida en actividades que reunieron a representantes del sector bancario, industrial y gubernamental.
El contexto económico destaca que México capturó más de 40 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante los primeros tres trimestres de 2025 y lo que va de 2026. El país concentra el 70% del nearshoring en América Latina con más de 150 proyectos activos, aunque enfrenta competencia de naciones como Vietnam, India y Malasia, las cuales exigen planes de infraestructura social vinculados al desarrollo industrial para atraer capitales.
Federico Pizarro, director ejecutivo de Banca Inmobiliaria de Banco Multiva, participó en la 89 Convención Bancaria donde se abordó el financiamiento de proyectos de infraestructura inmobiliaria. Por su parte, Óscar Chahín Sanz, presidente de AIST México, y Ernesto Pérez Astorga, secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, analizaron la situación del sector siderúrgico, dado que Veracruz es el tercer productor de acero del país.
En el estado de Veracruz se realiza la Expo Acero 2026, evento programado del 23 al 25 de marzo de 2026 que reúne a más de 160 empresas. La gobernadora Rocío Nahle García estuvo presente en las actividades relacionadas con el sector, mientras que Nuevo León continúa absorbiendo el 28% de la demanda nacional de infraestructura industrial, lo que evidencia la concentración geográfica de los proyectos de relocalización.
La propuesta del ‘Plan Colosio’ surge como respuesta a la necesidad de coordinar el crecimiento urbano con la llegada de nuevas industrias. La reforma legislativa pretende establecer mecanismos que permitan a la iniciativa privada participar en el desarrollo de vivienda y movilidad, asegurando que las regiones con mayor flujo de inversión cuenten con servicios básicos adecuados para la población trabajadora.
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