Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juez federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, imputado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol fiscal). La decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal, se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa del acusado, lo que vulneró su derecho a una defensa adecuada. Farías Laguna, quien está recluido en el penal del Altiplano, enfrenta la causa penal 325/2025.
La resolución judicial, emitida en marzo de 2026, marca un revés para la FGR, que había incumplido un plazo previo de cinco días para facilitar el acceso al expediente completo. La defensa del exmilitar, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó que sin conocer íntegramente las pruebas en su contra, el imputado no podía preparar su estrategia legal. Ante esta situación, la jueza Vieyra Valdés concedió una nueva etapa de investigación complementaria para subsanar esta deficiencia procesal.
El caso se centra en la presunta operación de una red criminal, conocida como ‘Los Primos’, que habría utilizado la infraestructura de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para desviar diésel. La investigación de la FGR señala a Farías Laguna como uno de los líderes de esta organización. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también está implicado en el caso y se encuentra prófugo de la justicia.
Uno de los hechos más contundentes del expediente es el decomiso de 10 millones de litros de diésel en el estado de Tamaulipas, realizado en marzo de 2025, el cual está vinculado a esta presunta red de contrabando. El llamado ‘huachicol fiscal’ implica la evasión de impuestos al combustible, un delito que genera cuantiosas pérdidas para el erario público.
En un contexto más amplio, el imputado había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando supuestas violaciones en su proceso, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido revelados. La reapertura de la investigación pone ahora a la FGR contra reloj para consolidar su caso en el plazo de tres meses otorgado por la juez, mientras la defensa busca aprovechar esta ventana para desvirtuar las acusaciones.
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