Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, un total de 189,830 ciudadanos mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Las cifras fueron presentadas este 19 de marzo por la titular del departamento, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del gobierno federal.
De acuerdo con los datos duros expuestos por la funcionaria, la mayoría de los retornos se realizaron por tierra, sumando 154,072 casos, mientras que más de 35,000 repatriaciones se ejecutaron mediante transporte aéreo. La tendencia mostró un incremento significativo en el último trimestre de 2025, registrando picos mensuales superiores a 16,000 casos. Al iniciar 2026, las cifras se mantuvieron elevadas, con 14,730 deportaciones en enero y 14,191 en febrero.
Ante este flujo migratorio, el gobierno mexicano ha activado una estrategia de recepción en 11 puntos de la frontera norte, así como en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula. En estos lugares, las autoridades entregan a los repatriados una carta de repatriación que les permite acceder a diversos beneficios sociales. Este proceso forma parte del programa ‘México te abraza’, diseñado para asistir a los connacionales que retornan al país de manera forzada.
Rosa Icela Rodríguez detalló que, gracias a esta iniciativa, se han otorgado más de 1,188,000 servicios a la población deportada. Entre las ayudas proporcionadas destacan 382,000 raciones de alimentos y la organización de 142,121 traslados para que las personas puedan llegar a sus comunidades de origen, facilitando su reintegración familiar y social.
La presentación de estas estadísticas ocurre en un contexto de tensión migratoria entre ambas naciones, donde la administración estadounidense ha mantenido una política de expulsión rigurosa. El gobierno de México ha respondido reforzando su capacidad de atención en la frontera y ampliando la cobertura de asistencia humanitaria para mitigar el impacto de las deportaciones masivas en las comunidades receptoras.
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