Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil el pasado 24 de marzo, decisión que fue dada a conocer este martes y ha generado críticas por su impacto en grupos críticos al gobierno. Entre las entidades afectadas se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional, según datos que apuntan a una cifra de 113 casos específicos dentro de un padrón superior a 10 mil registros.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró a los medios que desconoce los detalles precisos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron desautorizadas, calificando el hecho como una decisión técnica y autónoma del SAT. En su intervención, la mandataria mencionó el precedente de Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior por recibir dinero del extranjero, intentando enmarcar la situación dentro de un contexto legal previo y no como una acción política coordinada desde la Presidencia.
Por su parte, el SAT ha justificado la revocación de los permisos como un procedimiento técnico-legal derivado del incumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones, citando obligaciones como la Ley de Ciencia. Sin embargo, esta explicación contrasta con la interpretación de actores como Amnistía Internacional, que considera la medida como un acto político destinado a debilitar a la sociedad civil y que forma parte de una tendencia regional de restricciones a estos grupos.
La controversia se enmarca en un contexto donde organizaciones que han mantenido posturas críticas hacia la administración federal han perdido su estatus de donatarias autorizadas, mecanismo que les permite recibir donativos deducibles de impuestos. La polémica se ve acentuada por la percepción de doble criterio, dado que se ha señalado la autorización exprés en dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente López Obrador, en contraste con los plazos de hasta dos años que manejan otras entidades.
A pesar de las explicaciones oficiales, persisten dudas sobre los criterios aplicados, ya que no se ha hecho pública la lista completa de las 113 o más organizaciones afectadas, ni se han detallado los plazos específicos que se otorgaron para subsanar los incumplimientos. Tampoco hay una explicación oficial del SAT que aclare la disparidad en los tiempos de autorización entre las organizaciones críticas y aquellas con vínculos políticos al movimiento gobernante.
Amnistía Internacional ha alertado sobre la carga administrativa excesiva y los requisitos reiterativos que enfrentan estas organizaciones, factores que podrían estar siendo utilizados como mecanismos de presión. La sociedad civil observa con preocupación que la autonomía técnica invocada por la presidenta podría ocultar una estrategia sistemática para limitar la operación de grupos que fiscalizan o cuestionan las políticas públicas.
El caso mantiene abierta la discusión sobre el uso de instrumentos fiscales para influir en el espacio cívico, mientras las organizaciones afectadas buscan claridad sobre los motivos específicos de su exclusión del padrón de donatarias. La situación pone a prueba la relación entre el Estado y la sociedad civil en México, en un momento donde la transparencia de los procedimientos administrativos es cuestionada por diversos sectores.
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