Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó por unanimidad a una mujer y ordenó a la empresa telefónica AT&T la reparación del daño, luego de que entregó un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima a un tercero sin verificar correctamente su identidad.
La Corte confirmó que AT&T incurrió en responsabilidad civil extracontractual subjetiva por actuar de manera negligente al reemplazar la tarjeta SIM. La ministra Loretta Ortiz presentó los proyectos de amparo y dijo que este asunto afecta a millones de usuarios de telefonía móvil y que las empresas deben responder ante un manejo negligente de datos personales.
En el Senado, se aprobaron reformas para proteger a los trabajadores del campo, especialmente a los jornaleros que laboran en empresas agroindustriales, así como para evitar la deforestación. La reforma fue aprobada por unanimidad de 109 votos y remitida a la Cámara de Diputados.
Las reformas modifican las leyes de Comercio Exterior y Federal del Trabajo para autorizar la expedición de certificaciones laborales obligatorias a empresas exportadoras de aguacate, frutos rojos y otros productos del agro.
Por otro lado, la Ley Myrna, iniciativa de reforma impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda del Partido del Trabajo, busca proteger los recursos de los programas sociales para que sean legalmente intocables e inembargables por instituciones bancarias y despachos de cobranza. La ley se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación.
La Ley Myrna operará mediante la adición de decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito.
En el Congreso del Estado de México, el dirigente estatal Pepe Couttolenc impulsa a través de la bancada del Partido Verde una iniciativa para reconocer, prevenir y sancionar la violencia de género en el deporte. La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra Figueroa y plantea sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de 50 a 300 días por violencia de género en el deporte.
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