Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, el cual consta de 151 unidades. La determinación fue emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de 2026, negándose a hacer públicos datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de los automóviles, así como la asignación específica a los ministros desde 1994.
En su resolución oficial, el Comité de Transparencia de la SCJN justificó la medida al señalar que informar detalles técnicos y económicos de los vehículos “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. El órgano argumentó que la opacidad en estos datos es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”.
La solicitud de transparencia que detonó esta decisión surgió tras la revelación de la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque la petición inicial no exigía conocer el emplacado ni la asignación nominal de los vehículos, la Corte extendió la reserva a todo el inventario de 151 unidades, bloqueando el acceso a los montos totales invertidos y las especificaciones de cada automóvil.
Como consecuencia de este fallo, permanecen ocultos los nombres de los ministros titulares a quienes se han asignado dichos vehículos en las últimas tres décadas, así como las placas de circulación y los costos específicos de cada unidad, incluidos los blindados. La decisión mantiene bajo secreto la gestión de recursos destinados a la movilidad de la cúpula judicial por medio lustro.
Esta acción de la Suprema Corte se suma al debate sobre los límites entre la transparencia administrativa y la seguridad de los funcionarios de alto nivel en México. Al invocar la protección de la integridad física de sus integrantes, el Poder Judicial establece un precedente que prioriza la reserva de información logística sobre el principio de máxima publicidad en el uso de recursos públicos.
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