Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, mientras organizaciones políticas criticaron la resolución por considerar que vulnera derechos constitucionales.
Sheinbaum señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero, afirmando que el gobierno combate a la delincuencia organizada siguiendo la ruta del dinero. La mandataria reveló que desde el inicio de su administración en octubre de 2024, la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas. “Mientras tanto inmovilizamos recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte”, dijo la presidenta.
Respecto a las garantías legales, Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, pero el proceso ya no cuenta con suspensión inmediata. “Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, indicó. La funcionaria sostuvo que en Estados Unidos también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial y aseguró que “ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley”.
De acuerdo con lo publicado, la facultad de la UIF se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no con fines de persecución política, según explicó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares. Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Por otro lado, la organización política Somos México señaló a la SCJN y a la UIF de violentar la Constitución al permitir el congelamiento de cuentas sin mandato judicial. La agrupación afirmó que el bloqueo procederá solo con indicios de una operación financiera irregular, lo que deja “en total indefensión a la ciudadanía”. Somos México indicó que la SCJN, cuyos integrantes fueron electos mediante la Reforma Judicial, entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas, dado que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La organización criticó que ya no será necesaria una petición internacional con expediente de prueba para que un juez autorice el bloqueo. Además, Somos México aseveró que con el desechamiento de dos amparos y la reforma a la Ley de Amparo de 2025, la parte afectada no podrá ampararse para solicitar la suspensión de la medida durante el juicio. La agrupación vinculó esta arbitrariedad con decisiones recientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra Organizaciones de la Sociedad Civil.
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