Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos, el Senado y las remuneraciones de funcionarios electorales. En la votación realizada este jueves, se excluyó la modificación al artículo 35 que pretendía adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, una pieza central de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, diversos actores políticos emitieron sus valoraciones sobre el resultado legislativo. Morena calificó el aval como un triunfo del pueblo de México, asegurando en redes sociales que con esta medida la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, la oposición celebró que la reforma avanzara sin los cambios relacionados con el proceso de revocación; Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir dicho mecanismo en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI también festejó la modificación al dictamen.
En el ámbito técnico, el Instituto Nacional Electoral (INE) había argumentado previamente que eliminar el llamado ‘bono electoral’ podría resultar más costoso debido al pago de horas extras. Según un documento enviado al Senado, el organismo pagó 2,419 millones de pesos por este concepto en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022, 964.9 millones en 2024 y mil 5 millones en 2025. La estimación del INE indicó que, sin este bono, los montos por horas extras habrían sido superiores en cada ejercicio.
A pesar de la exclusión de la revocación de mandato, Martín Faz, consejero del INE y presidente de la Comisión de Organización, señaló que continúa existiendo una tremenda complejidad operativa para los comicios de 2027. El funcionario explicó que, aunque se elimina una urna, el reto persiste debido a la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha, lo que obligará a instalar casillas diferenciadas, duplicar personal y reforzar la operación en diversas entidades donde también habrá elecciones locales.
La aprobación de este paquete legislativo marca el cierre de un episodio en el que la administración federal invirtió capital político durante meses, concluyendo con la decisión de no incluir la reforma al artículo 35 para evitar rupturas en la coalición oficialista. Con ello, queda definida la estructura electoral para el próximo año, centrada en la contención del gasto público y manteniendo el calendario original para los mecanismos de participación ciudadana.
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