Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado iniciaron este fin de semana la discusión sobre las modificaciones a la regulación de la revocación de mandato, en el marco de la propuesta conocida como ‘Plan B’ de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El debate se centra en los potenciales efectos de los cambios al artículo 35 constitucional y ha generado señalamientos sobre posibles retrocesos democráticos.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan los trabajos legislativos para definir la redacción final de las nuevas normas. La iniciativa busca alterar los mecanismos actuales de participación ciudadana, aunque el contenido específico y el alcance completo de la reforma siguen siendo objeto de análisis entre los grupos parlamentarios.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ha expresado críticas respecto a la orientación de la reforma. Sus observaciones apuntan hacia la preocupación de que las modificaciones puedan representar un efecto regresivo para el sistema democrático mexicano, aunque no se han detallado declaraciones textuales específicas en los reportes disponibles hasta este momento.
Paralelamente a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) opera bajo un esquema de seguridad reforzado. La institución ha aplicado medidas de protección en 40 de sus inmuebles, acción que ha derivado en cuestionamientos por parte de sectores periodísticos que consideran que dichas restricciones limitan su labor de cobertura. Hasta el momento, no se ha registrado una reacción oficial del organismo electoral ante estas críticas.
La posición oficial de Morena y sus aliados legislativos sobre las observaciones formuladas por Woldenberg y otros actores políticos aún no ha sido difundida de manera formal. El resultado de las discusiones en las comisiones senatoriales determinará si la propuesta avanza hacia el pleno del Senado o si requiere ajustes adicionales antes de su presentación.
El contexto de esta reforma se da en un escenario donde la administración federal busca consolidar cambios en las reglas electorales, mientras organismos autónomos enfrentan desafíos operativos y de percepción pública. La evolución de este proceso legislativo marcará la agenda política de los próximos meses en materia de participación ciudadana y autoridad electoral.
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