Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Senado de la República iniciará la próxima semana, los días 24 y 25 de marzo, la discusión legislativa del denominado Plan B electoral, una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar las reglas de la democracia mexicana mediante la reducción de gastos en congresos y órganos electorales, así como el adelanto de la revocación de mandato.
La iniciativa, que será debatida bajo la conducción de Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y contará con la participación de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, propone como eje central la eliminación o recorte de privilegios en las legislaturas federales y locales, así como en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la modificación del artículo constitucional que regula la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal. El Plan B busca permitir que los ciudadanos puedan solicitar esta consulta popular a partir del tercer año de gobierno, cuando actualmente la normativa establece que tal mecanismo solo puede activarse hasta el cuarto año del sexenio.
En cuanto a los aspectos financieros de la reforma, se proyecta un costo unitario estimado de aproximadamente 35 pesos por voto en caso de llevarse a cabo una consulta, cifra basada en proyecciones de la elección intermedia de 2021, donde la participación fue del 52.7% con 48.8 millones de votantes. Sin embargo, la investigación actual no detalla el texto oficial completo ni las posturas específicas de los demás grupos parlamentarios sobre los votos previstos.
El análisis de conversación digital realizado por MW Group indica que el tema ha generado polarización en la esfera pública. Según los datos, el 21% de las conversaciones en redes advierten sobre posibles riesgos para la democracia, la paridad de género y la libertad de expresión en internet, aunque no se especifican reacciones directas de los legisladores más allá de su participación confirmada en la agenda.
La discusión de esta reforma se inserta en un contexto de tensión política, donde la definición de los mecanismos de control ciudadano y la estructura de costos del sistema electoral se presentan como los factores determinantes para la aprobación o rechazo de la iniciativa en la cámara alta durante la sesión de la próxima semana.
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