Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Un tribunal capitalino impuso una sentencia de 60 años de prisión a Omar ‘N’, exservidor público del sector educativo, tras encontrarlo responsable de cometer violación en cinco ocasiones contra una víctima adolescente. El fallo judicial, emitido en la Ciudad de México, concluye un proceso penal que se extendió por más de una década y establece además la suspensión del ejercicio profesional y de los derechos políticos y civiles del condenado.
De acuerdo con la información del caso, los hechos ocurrieron cuando el ahora sentenciado impartía clases en la Secundaria Técnica 45 ‘Ignacio Manuel Altamirano’, ubicada en la colonia San Nicolás Totolapan, perteneciente a la alcaldía Magdalena Contreras. La investigación determinó que el docente aprovechó su posición para agredir sexualmente a la estudiante en múltiples eventos dentro del contexto escolar.
El proceso legal fue iniciado en septiembre de 2015 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra). Tras los trabajos de integración del expediente y el desahogo de pruebas durante el juicio, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de Omar ‘N’ por los cinco delitos de violación imputados.
Además de la pena privativa de libertad de seis décadas, la sentencia contempla medidas accesorias que incluyen una amonestación pública y la obligación de reparar el daño causado a la víctima. La suspensión de derechos políticos y civiles implica que el sentenciado no podrá ocupar cargos públicos ni participar en procesos electorales mientras dure la condena, sumado a la inhabilitación permanente para ejercer como docente.
Este caso representa uno de los precedentes de mayor severidad en materia de delitos sexuales cometidos por servidores educativos en la capital del país, donde la justicia aplicó el máximo rigor penal disponible para este tipo de agravios. La resolución busca cerrar un capítulo de impunidad que comenzó hace más de 10 años, ofreciendo una respuesta judicial definitiva a las agresiones sufridas por la menor en el entorno escolar.
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