Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma constitucional electoral, denominada ‘Plan B’, que modifica la consulta de revocación de mandato para permitir el proselitismo del titular del Ejecutivo y ajusta la integración de gobiernos municipales, lo que ha generado críticas por una omisión inicial sobre paridad de género y cuestionamientos sobre los ahorros prometidos. La iniciativa, presentada tras el rechazo de una reforma más profunda (‘Plan A’), busca que la revocación coincida con elecciones federales para reducir costos, fija un límite de gasto para congresos estatales y propone un número de regidores municipales entre 7 y 15, según el tamaño de la población.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, defendió la propuesta al señalar que busca eliminar privilegios y generar ahorros, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la enmarcó en un fortalecimiento de la democracia participativa. Sin embargo, la propuesta original omitió la palabra ‘paritario’ al referirse a la integración de los cabildos, lo que fue interpretado por críticos como una intención de acabar con la paridad de género. La Presidencia de la República corrigió posteriormente, señalando que se trató de una omisión sin intención de prescindir de esa disposición constitucional.
Entre los cambios más significativos, la reforma permitiría a la presidenta Sheinbaum hacer campaña a favor de su permanencia durante el proceso de revocación, un mecanismo que fue incorporado a la Constitución en 2019 y ejercido por primera vez en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En aquella consulta participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón de 97 millones), con 15.159 millones de votos (91.8%) a favor de que continuara en el cargo.
La oposición y algunos analistas, como Elías Lixa, ven en la propuesta una herramienta para dar ventaja electoral a Morena y a la presidenta, permitiendo su proselitismo en un proceso donde, dada su alta popularidad reflejada en los 35.9 millones de votos obtenidos en 2024, sería improbable un resultado adverso. Además, se cuestiona el discurso de ahorro, señalando que en estados como Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores, pero aumentarían en 221 en el interior del estado.
La iniciativa establece un límite de gasto para los congresos locales del 0.7% del presupuesto de la entidad, una medida que, según sus promotores, busca racionalizar el uso de recursos. Para su aprobación, la reforma constitucional requiere una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y la coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
El contexto de esta ‘Plan B’ electoral se da en un ambiente de polarización, donde el gobierno argumenta que busca eficiencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas, mientras la oposición advierte sobre el riesgo de utilizar instituciones electorales para beneficio del partido en el poder. El debate en el Senado se prevé intenso, en medio de señalamientos sobre los verdaderos alcances y motivaciones detrás de los ajustes a la revocación de mandato y a la estructura municipal.
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