Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absolvió a Pío Lorenzo López Obrador de las acusaciones de haber canalizado aportaciones ilegales a la campaña presidencial de su hermano, Andrés Manuel López Obrador, en 2018. La resolución, emitida el 18 de marzo, cerró el caso iniciado por quejas presentadas en agosto de 2020 por el PAN y el PRD en contra de Morena, Pío López Obrador y David León.
El tribunal determinó que las pruebas presentadas por los partidos opositores, centradas principalmente en un video donde aparece el hermano del entonces candidato recibiendo dinero, no fueron suficientes para demostrar la comisión de delitos electorales. En el proyecto de sentencia, la magistrada Mónica Soto fundamentó la decisión al señalar la insuficiencia de los elementos para acreditar un flujo de recursos prohibidos hacia la campaña que llevó a López Obrador a la presidencia.
Pío Lorenzo López Obrador había cuestionado previamente la validez de los videos utilizados en su contra, argumentando que periciales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mostraron alteraciones en dicho material. Con esta sentencia, el TEPJF pone fin a un proceso legal que se extendió por varios años y que mantuvo bajo escrutinio la transparencia del financiamiento de la campaña de 2018.
Además de la absolución específica, la resolución del tribunal estableció un precedente importante al determinar que las conversaciones privadas, como los mensajes de WhatsApp, no podrán ser admitidas como pruebas en juicios electorales. Esta determinación surge en el contexto de un caso específico sobre violencia política de género, pero marca una línea clara sobre los límites de la evidencia admisible en la justicia electoral.
El caso había generado tensión política desde su origen, con figuras como Federico Döring involucradas en las denuncias iniciales. La decisión del TEPJF consolida la posición de que no existieron violaciones a la normativa de financiamiento político por parte de los implicados, descartando las hipótesis de contribuciones voluntarias no reportadas que motivaron las quejas de la oposición hace seis años.
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