Por Luis Martínez Alcántara
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que a partir del 3 de marzo de 2025 se aplicarán aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá. Esta medida busca presionar a ambos países en temas como el tráfico de fentanilo, la inmigración ilegal y reducir los desequilibrios comerciales. El anuncio provocó una caída significativa en el mercado bursátil estadounidense, reflejando la preocupación por posibles incrementos en la inflación y disrupciones económicas.
Trump enfatizó que no hay margen para negociaciones que eviten la implementación de estos aranceles. “No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor”, declaró el mandatario. Esta postura firme ha generado inquietud en diversos sectores económicos y políticos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Además, Trump anunció que a partir del 2 de abril se impondrán aranceles adicionales a las importaciones de productos agrícolas. Aunque no se detallaron los bienes específicos afectados ni los países involucrados, esta medida representa una nueva amenaza en el ámbito comercial internacional. El presidente instó a los productores estadounidenses a prepararse para estos cambios, sugiriendo posibles oportunidades para el mercado interno.
Las reacciones de México y Canadá no se hicieron esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, expresaron su disposición a responder con medidas recíprocas. Ambos países están evaluando la implementación de aranceles propios y otras acciones en respuesta a las políticas comerciales de Estados Unidos.
Líderes empresariales y economistas han manifestado su preocupación por las posibles repercusiones de estos aranceles en la economía global. Jim Farley, CEO de Ford, advirtió sobre el impacto negativo en la industria automotriz estadounidense. A pesar de las críticas, Trump defiende su estrategia, argumentando que los aranceles son una herramienta poderosa para proteger los intereses de Estados Unidos y promover la inversión interna.
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