Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela. Según lo señalado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”.
De acuerdo con la información recabada, el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad familiar. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que sobrevivieron una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos, todos integrantes de la misma familia. En un inicio se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares. Durante el proceso, agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, por lo que se trató de una “actuación dolosa”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad”. La familia de las niñas denunció desde el principio “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”.
Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a la entidad como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre carteles de la droga. Paralelamente a este proceso penal, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos.
Respecto al caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó: “La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
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