Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras determinar la existencia de elementos para investigar su presunta responsabilidad penal. La decisión judicial, emitida el 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, establece un plazo de dos meses para la investigación y ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía General de la República (FGR) es la institución que impulsa las acciones legales contra ambas mujeres. En el caso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, las fuentes reportan discrepancias respecto a los delitos específicos por los cuales fue vinculada. Mientras que algunas versiones apuntan a delitos contra la salud, otras precisiones indican que la imputación se centra en la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. Asimismo, se señala que la funcionaria es investigada en el contexto del caso Ayotzinapa, que involucra la desaparición forzada de 43 normalistas en 2014.
El contexto de estas acciones legales incluye la investigación sobre la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, material que podría ser relevante para esclarecer los hechos de septiembre de 2014. La medida cautelar de prisión preventiva fue aplicada de manera oficiosa a la ex subprocuradora, lo que implica su ingreso inmediato al sistema penitenciario federal mientras se desarrolla el proceso judicial.
Respecto a la segunda involucrada, Margarita A., la información disponible confirma su vinculación a proceso por parte de la misma autoridad judicial, aunque no se especifica su nombre completo ni los detalles particulares de los delitos que se le atribuyen individualmente. Tampoco se ha detallado si ambas exfuncionarias enfrentan exactamente los mismos cargos o si sus situaciones legales derivan de hallazgos distintos dentro de las carpetas de investigación de la FGR.
La resolución de la jueza García Peralta marca un nuevo capítulo en las diligencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La determinación de vincular a proceso a autoridades que participaron en las instancias de justicia de Guerrero reactiva la atención pública sobre la búsqueda de verdad y justicia para las 43 víctimas, cuyas familias mantienen la exigencia de esclarecimiento total de los hechos.
Con el plazo de dos meses establecido para la siguiente fase de la investigación, la FGR deberá presentar los elementos probatorios que sustenten las acusaciones formales. La situación jurídica de las implicadas queda supeditada a los resultados de estas diligencias y a las futuras resoluciones del poder judicial sobre la responsabilidad penal en los delitos imputados.
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